Introducción

Desde la imposición de la Constitución neoliberal de 1993 por la dictadura fujimontesinista y sus cómplices —una partidocracia corrupta, un lumpen empresariado subordinado al capital transnacional y la vergonzosa sumisión al terrorista imperialismo norteamericano—, el caduco Estado peruano se ha consolidado como una maquinaria mafiosa, policial, genocida y antipopular. Esta institucionalidad no ha nacido del azar, sino de una ingeniería política diseñada para perpetuar la hegemonía-dominación de las clases sociales explotadoras y garantizar la reproducción de un injusto modelo económico de saqueo, empobrecimiento, conculcador de libertades y derechos fundamentales, precarización laboral, destrucción de la patria y entrega de los recursos naturales.

El resultado ha sido un Estado mafioso que recurre al terrorismo de Estado, a la represión sistemática y al lawfare como herramientas de dominación, con el fin de sostener un régimen que niega la soberanía popular y profundiza la dependencia neocolonial. Todo ello se desarrolla en abierta contradicción con el propio Estado de derecho liberal-garantista, el cual es pisoteado, mientras se institucionaliza un Derecho Penal del Enemigo aplicado selectivamente contra activistas, dirigentes populares y luchadores sociales, convertidos en blancos de persecución política y judicial.

1. La arquitectura mafiosa del Estado neoliberal

El fujimontesinismo, reconvertido en una red mafiosa transpartidaria, ha capturado todas las instituciones estatales y las ha puesto al servicio de los intereses de las depredadoras empresas transnacionales y la burguesía peruana. Este entramado criminal se expresa en:

• El Congreso de la República, convertido en un espacio de blindaje de corruptos, protección de intereses corporativos y criminalización de la protesta social.
• El Poder Judicial, subordinado a las mafias y sus esbirros, manipulado para perseguir a opositores y garantizar impunidad a las élites económicas y políticas.
• El Jurado Nacional de Elecciones, instrumento también manejado por las organizaciones políticas criminales, convalida la manipulación electoral.
• Las Fuerzas Armadas y Policiales, son aparatos represivos de mercenarios al servicio de los enemigos de la patria y el pueblo, despliegan una política genocida contra el pueblo. Se convirtieron en una organización criminal y genocida.
• El aparato mediático, conformado por una prensa mercenaria que naturaliza el saqueo, manipula conciencias, sataniza la resistencia popular, invisibiliza la protesta popular y fabrica el “terruqueo” como arma de control ideológico.

Este entramado revela que el mafioso y genocida Estado peruano no es neutral ni democrático, puesto que es una dictadura de clase revestida de legalidad burguesa.

2. El régimen de Dina Boluarte y sus malhechores de todo pelaje

El gobierno de Dina Boluarte —ilegítimo, usurpador y genocida— constituye la expresión más descarnada de la decadencia estructural del régimen criminal. Lejos de ser una anomalía, Boluarte representa la continuidad de un sistema podrido, sostenido por:

• Los intereses de la burguesía compradora y sus socios transnacionales.
• La agenda geopolítica del imperialismo estadounidense,que convierte al Perú en un enclave estratégico para sus intereses, imponiendo su tutela política, control económico y siniestra presencia militar bajo el pretexto de la seguridad regional.
• El fujimorismo, esa lacra histórica encabezada por Keiko Fujimori, en alianza con otras mafias disfrazadas de organizaciones políticas.
• Los mercenarios medios de comunicación hegemónicos, que cumplen el rol de legitimadores del autoritarismo, la corrupción, la represión, el entreguismo, etc.

El genocidio y masacres sistemáticas, ocurridas desde diciembre de 2022 evidencian que este gobierno no tiene otro sostén que el terrorismo de Estado.

3. La rebelión popular frente al colapso sistémico

Ante la podredumbre del Estado y sus poderes, así como, la corrupción generalizada, el pueblo peruano ha retomado el protagonismo de la lucha social. Transportistas, jóvenes de la Generación Z, trabajadores informales y obreros se han movilizado en Lima y otras ciudades, protagonizando jornadas valerosas contra la dictadura neoliberal.

Estas protestas expresan un rechazo profundo a:

• La corrupción sistémica que permea todas las instituciones.
• La economía extractivista que depreda la naturaleza y niega derechos ancestrales.
• La violencia estatal expresada en terruqueo, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y encarcelamientos arbitrarios.
• El autoritarismo que militariza la vida social y vacía la democracia liberal.

Los días 27 y 28 de septiembre, miles de manifestantes intentaron tomar el Congreso, símbolo de la ilegitimidad institucional, repudiado por el 98% de la población. La respuesta fue una represión brutal, con miles de efectivos policiales actuando como mercenarios uniformados, dejando en claro que el genocida Estado peruano ya no se sostiene en la legalidad, sino en la atroz violencia directa contra el pueblo desarmado.

El Perú atraviesa una crisis orgánica, entre lo viejo —el Estado mafioso y neoliberal— no termina de morir, y lo nuevo —un proyecto popular y democrático— aún no termina de nacer. De ahí la bestial violencia desplegada por las élites, que intentan sostener a sangre y fuego el fracasado capitalismo y su expresión depredadora: el neoliberalismo.

La lucha popular no es solo contra un gobierno espurio, sino contra un sistema de muerte que debe ser desmantelado desde sus raíces. El desafío del pueblo es enterrar al Estado mafioso, derrotar al neoliberalismo y abrir paso a un Perú soberano y democrático.