Richard Gonzales
Dicen que la “democracia” es un sistema político donde la soberanía reside en el pueblo. Siendo así, el poder político supremo del pueblo, en estos más de 30 años, ha venido exigiendo cambios fundamentales, con mucha mayor razón en la última década, en la que la demanda por una nueva Constitución se vuelve indispensable para pensar, mínimamente, en cambios sustantivos, particularmente en lo que respecta al capítulo económico, que es fundamental para que realmente se pueda hablar de una “democratización de la sociedad”.
Redefinir y replantear el capítulo económico en la Constitución neoliberal vigente es clave, porque de ese cambio —pensando en los intereses de la nación, de los diferentes actores de la sociedad, de las inmensas masas que suman millones, así como de la propia industria nacional y de su necesidad de democratización— depende la orientación estratégica del país. Es decir, se trata de redefinir la disyuntiva central: o se prosigue con una visión de dependencia de las corporaciones mundiales, con beneficios para un puñado de grupos de poder nativo que se desenvuelven dentro de la organización mundial del trabajo y la producción, donde los centros de poder global determinan, mediante tratados comerciales y convenciones, un diseño en el que la inmensa mayoría de los países del tercer mundo quedan relegados al rol de simples proveedores de materias primas y mano de obra barata, mientras las grandes urbes imperialistas concentran las industrias y tecnologías más desarrolladas, que luego proveen a las naciones sometidas; o se asumen, con coherencia, los principios de soberanía, independencia y autodeterminación.
En el diseño actual, los acuerdos y tratados firmados por las clases dominantes de cada país han hecho que naciones enteras no puedan industrializarse. Este mismo sometimiento y dependencia, revertirlos implica ejercer una verdadera soberanía nacional, independencia y autodeterminación. Implica romper con aquellos tratados que impiden que una nación se industrialice, para que exista trabajo pleno, con derechos y salarios dignos.
Esto supone, a partir de allí, un rediseño integral del Estado, de la democracia y del gobierno. Implica la rebelión de las masas, la resistencia y la lucha democrática, aun cuando esta vía sea transitoria, reformista y se desenvuelva dentro de los términos capitalistas. Evidentemente, requiere organización y una voluntad popular férrea para ese proceso; una conciencia de masas capaz de luchar y defenderse; y la construcción de la unidad nacional. Porque ello implica la confrontación contra los intereses del imperialismo dominante y contra los satélites globalistas internos. Por tanto, ser antiimperialista es ineludible, sin lo cual no se puede pensar en un cambio serio y trascendente.
Todo ese proyecto soberano requerirá, además, un cambio en la dinámica educativa general, en el espíritu nacional, así como mecanismos y décadas de trabajo y sacrificios para ser concretado.
De los 43 partidos políticos en carrera para las elecciones del 2026, ¿cuántos y cuáles representan esos intereses? ¡Ninguno! Los partidos —entre comillas— que tienen la intención de defender o representar al pueblo, si los hay, no cuentan con arraigo popular, cuadros, proyectos, planes, mecanismos ni poder político real. Por tanto, solo serán avasallados y puestos en línea por la ultraderecha y las corporaciones saqueadoras, o simplemente serán víctimas de golpes de Estado bajo diferentes formas y mecanismos. Lo real es que la ultraderecha ha concentrado el poder, incluso, si fuera necesario, para consumar fraudes de manera descarada, como ocurrió hace poco en Ecuador.
Entonces, en estas elecciones que se vienen, ¿existen condiciones para un voto verdaderamente democrático? No las hay. Simplemente se trata de una farsa. ¿Podría cambiarse este estado de cosas? ¡Sí! Pero en la actualidad no aceptan ni siquiera una economía social de mercado. Véase el gobierno de Castillo: la ultraderecha reaccionaria, desde hace tiempo, pateó el tablero; las reglas que ellos mismos establecieron no las respetan ni les interesa respetarlas.
En el mundo hemos entrado en una fase del sistema mundial mucho más autoritaria. Las sociedades se han fascistizado; la soberanía popular ha sido barrida. ¿Podría recuperarse? ¡Por supuesto que sí! Depende de una correlación de fuerzas compactas y bien organizadas. Pero, en la actualidad, solo existe la soberanía de las corporaciones, sustentada en la violencia más franca y descarada. En esas condiciones, ¿tiene sentido que las masas vayan a votar? ¡De ninguna manera! Sería solo para avalar y legitimar la farsa, a no ser que exista una fuerza popular bien organizada en todos los planos y frentes.
La ultraderecha cuenta con fuerzas organizadas como las Fuerzas Armadas, el poder empresarial y económico, fuerzas ideológicas articuladas en un solo frente (medios informativos, académicos, escuelas, etc.), una tradición cultural mercantilista de siglos y los poderes del Estado a su servicio.
¿Qué corresponde entonces? Lo ideal sería dejar vacías las urnas de forma masiva, no acudir a esa farsa ni como votantes ni como personeros. Sería lo ideal, pero sabemos que no va a ocurrir, porque ello requiere como condición una acción compacta de millones de pobres dirigida por su propia organización. En la medida de lo posible, corresponde viciar el voto, no votar en blanco.
Dicha acción podría presionar y poner sobre la mesa la discusión de una nueva Constitución, así como el respeto de los actores históricos de poder real. Para ello se requiere preparar a los propios representantes, constituyentes y líderes, capaces de elaborar un contraproyecto y un nuevo programa de todas las clases del pueblo, con agenda y contenido claros.
La opinión masiva y popular está harta de todo este estado de cosas. Así lo reflejan incluso las encuestas de los sectores reaccionarios. Tal como va la trayectoria del Perú en todos los ámbitos, ¿podría canalizarse este malestar hacia una acción conjunta como la que se plantea? Por supuesto que sí. Requiere el uso intensivo de redes, una campaña sostenida, la activación decidida de los diferentes colectivos, cabildos, así como voluntad y decisión. Mucho depende de la madurez y determinación del pueblo, así como de sus líderes de base popular, con capacidad de dirigir hacia otro estado de cosas.
Esto requiere también un cuestionamiento sustentado de la juridicidad, es decir, un cuestionamiento del fundamento mismo del estado de cosas, impulsado por especialistas mediante múltiples acciones legales. No solo en el campo jurídico, sino también en la economía, la filosofía y otros ámbitos. Existen muchos hijos del pueblo, bien formados y organizados, que podrían aportar de manera decisiva en este frente.
24/04/2025
