Por Alex Chamán Portugal
La contienda electoral de 2026 en el Perú no puede entenderse únicamente como una competencia entre candidaturas, sino como el resultado de una ingeniería institucional de la lumpenburguesía y sus operadores neoliberales, que bajo la apariencia de democracia liberal ha configurado un escenario funcional a la recomposición de las fuerzas más antipatriotas y antipopulares.
En este contexto, la proliferación de organizaciones de “izquierda” —débiles, fragmentadas y sin articulación estratégica— contrasta con la concentración del voto en bloques de la ultraderecha mafiosa (Keiko Fujimori, CésarAcuña, López Aliaga). Esta desigualdad no es casual, sino producto de reglas e incentivos que terminan favoreciendo estructuralmente a estas organizaciones políticas criminales.
Desde el punto de vista normativo, el sistema electoral peruano —basado en la representación proporcional, la valla electoral y la existencia de múltiples listas partidarias— aparenta promover el pluralismo democrático. Sin embargo, en contextos de fragmentación, funciona de manera tal que las organizaciones políticas que obtienen más votos concentrados terminan recibiendo muchos más escaños, mientras que los votos dispersos entre varias organizaciones se diluyen y pierden peso político real.
Así, cuando varias organizaciones de “izquierda” compiten por el mismo electorado, se produce la dispersión del voto popular, donde una cantidad importante de votos no logra convertirse en representación efectiva. En contraste, las fuerzas neoliberales y mafiosas operan con mayor cohesión, redes clientelares y acceso privilegiado a recursos económicos y mediáticos, lo que les permite capitalizar el sistema y ampliar su poder parlamentario.
No obstante, el problema no se reduce a la desorganización. Existen condiciones políticas e institucionales que favorecen la fragmentación, impulsadas desde un repudiado Congreso –dirigido por la mafia fujimontesinista- funcional a intereses criminales y avaladas por organismos electorales cuestionados por su falta de independencia. Un ejemplo clave es la reinstauración antidemocrática de la bicameralidad, en abierta contradicción con el resultado del referéndum de 2018, lo que evidencia un profundo desprecio por la voluntad popular.
Si bien la bicameralidad no es antidemocrática en sí misma, en el contexto actual opera como un mecanismo que eleva las barreras de acceso y concentra el poder en menos manos, favoreciendo a las organizaciones políticas mafiosas mejor estructuradas y con mayores recursos. Esto, a su vez, profundiza la exclusión de las masas populares, las cuales han sido sistemáticamente estigmatizadas (terruqueadas), perseguidas, encarceladas, asesinadas por decenas y heridas por centenares, en el marco de la acción represiva de las genocidas fuerzas armadas y policiales, configurando prácticas propias del terrorismo de Estado.
En medio de una crisis generalizada de la sociedad peruana, las elecciones del 2026 se perfilan como una de las más antidemocráticas de la historia reciente. Las modificaciones a la ley electoral han configurado un escenario donde, con porcentajes relativamente bajos de votación, sectores como Fuerza Popular y Renovación Popular pueden inflar su representación parlamentaria y concentrar el poder, tanto en la presidencia como en el Congreso bicameral.
A ello se suma la exclusión, persecución y judicialización de diversos actores políticos, así como la ilegalización o impedimento de participación de organizaciones y dirigentes, lo que restringe la competencia democrática real. Esta situación configura un proceso electoral profundamente cuestionado, en que amplios sectores perciben que las reglas del juego están diseñadas para garantizar la continuidad del dominio de la lumpen ultraderecha.
Incluso desde sectores académicos y jurídicos se ha advertido que el diseño del sistema puede generar distorsiones graves en la representación, donde candidatos con menor votación acceden a cargos mientras otros con mayor respaldo quedan fuera. Asimismo, se señala que el verdadero poder se concentra en el Senado, debilitando el papel de la Cámara de Diputados y consolidando una estructura de poder altamente centralizada y poco representativa.
En estas condiciones, la legitimidad del proceso electoral burgués queda seriamente cuestionada, reforzando la idea de que se trata de una democracia formal que encubre mecanismos de reproducción del poder conservador.
En este escenario, la dispersión del voto de “izquierda” refleja una correlación de fuerzas desigual, marcada por la ausencia de un frente amplio, debilidad de liderazgos y falta de estrategia común. En contraste, la derecha logra capitalizar el sistema y consolidar su representación, pudiendo alcanzar el control de ambas cámaras.
Este proceso revela una contradicción central en la que una democracia formalmente igualitaria reproduce desigualdades reales de poder. La fragmentación deja de ser un accidente para convertirse en una condición funcional al dominio de las clases sociales explotadoras.
En consecuencia, la tarea no es solo denunciar estas prácticas, sino replantear profundamente la articulación política de los sectores populares. En este sentido, se vuelve imprescindible impulsar con firmeza una Asamblea Constituyente Popular y una nueva Constitución Política Democrática, que permitan refundar el Estado en función de los intereses de la nación y del pueblo.
Una nueva Constitución contribuiría a mayor progreso, desarrollo, bienestar social, restitución de derechos y libertades, así como a la construcción de un sistema político democrático, soberano y participativo. Sin este horizonte estratégico, la dispersión seguirá operando como un mecanismo de autolimitación, mientras la arquitectura institucional mafiosa continuará beneficiando a quienes mejor convierten votos en poder.
En suma, las elecciones de 2026 no solamente definirán autoridades, sino que evidenciarán una problemática estructural: la capacidad del sistema para transformar la pluralidad en fragmentación y la fragmentación en ventaja para los sectores antinacionales y antipopulatres. La denuncia de este proceso no es un ejercicio retórico, sino un paso necesario para comprender cómo, en nombre de la democracia, se consolidan formas eficaces de reproducción del poder conservador.
Sábado 11 de abril de 2026
