Por Alex A. Chamán Portugal
Bolivia, 24 de noviembre de 2025
Han pasado apenas dos semanas desde que Rodrigo Paz Pereira, heredero de la dinastía neoliberal que forjó el Decreto 21060 en 1985, juró como presidente de Bolivia en el Palacio Quemado. El 8 de noviembre, el hijo de Jaime Paz Zamora se erigió como el 68º mandatario de la República. Su posesión representa la consumación de la restauración neoliberal con lo que se conculcarán derechos sociales y libertades demoliberales, así como, depredará los recursos nacionales. Este retorno no es un accidente electoral, sino la expresión caduca de un capitalismo atrasado y dependiente que, en su agonía, desangra a la nación y al pueblo para alimentar a la burguesía apátrida, entreguista y proimperialista. En el Bicentenario de la farsa republicana, Bolivia enfrenta no solo la crisis económica y política heredada, sino la afrenta simbólica y material contra su esencia plurinacional.
Recordemos que el perverso neoliberalismo irrumpió en Bolivia como un terremoto económico, político y social en agosto de 1985 bajo el Gobierno del MNR, a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro. El DS 21060 representó el cierre de minas estatales y el despido de decenas de miles de mineros de COMIBOL bajo el pretexto de la “relocalización”; la privatización de YPFB, ENTEL y otras empresas públicas que olieran a soberanía. Lo que denominaron “estabilización” significó entreguismo, negociados, explotación, opresión, desempleo, pobreza e indigencia, las mismas injusticias que el capitalismo reproduce en todo el mundo. La hiperinflación del 24.000% se controló a costa de salarios congelados y una desigualdad que multiplicó por 42 los ingresos del 10% más rico frente al más pobre. El converso neoliberal Jaime Paz Zamora, padre de Rodrigo, profundizó las injusticias entre 1989 y 1993: legalizó el “impuesto al consumo” que golpeó a los sectores populares; abrió las puertas al narcotráfico en la banca; y firmó pactos con el siniestro FMI que convirtieron la deuda externa en cadenas de sometimiento. Gonzalo Sánchez de Lozada, genocida y neoliberal fugitivo, capitalizó y privatizó el gas y el agua, entregando regalías del 18% a transnacionales mientras el pueblo libraba la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003), sacrificando casi un centenar de vidas en defensa de los intereses de la patria y la sociedad boliviana en su conjunto.
El nefasto periodo neoliberal (1985-2005) no fue ninguna “modernización”, como mienten los apologistas del imperialismo estadounidense y sus lacayos, puesto que fue una brutal acumulación del capital por despojo. Se impuso la superexplotación laboral en que el 80% de la fuerza de trabajo sigue hoy en la informalidad, la precarización sistemática de los derechos sociales y la conculcación de las libertades bajo el manto hipócrita de la “mano invisible”. Aquella ofensiva feroz demolió conquistas históricas, desmanteló la organización sindical y golpeó la capacidad de resistencia obrera y popular.
El Estado, esa maquinaria de dominación de clase, quedó reducido a su esencia represiva a través de la policía, las fuerzas armadas y cárceles, mientras el mercado, verdadera dictadura del capital financiero, devoraba la industria nacional y convertía a Bolivia en simple exportadora primaria: estaño ayer, gas hoy, litio mañana. Las consecuencias fueron devastadoras: desempleo, pobreza del 60%, analfabetismo y ecocidio en la Amazonía. Las relaciones sociales de desigualdad, explotación y opresión se profundizaron de manera ignominiosa.
En 200 años de vida republicana y sociedad capitalista jamás existió un genuino Proyecto Estratégico de Desarrollo Nacional, por lo que prevalecieron políticas entreguistas y favorables a las clases sociales dominantes, no dirigentes. Hoy, en pleno Bicentenario, el pueblo lo comprueba fehacientemente. Sin educación científica y sin desarrollo de las fuerzas productivas no hay avance tecnológico; de ahí la desindustrialización crónica y sus severas consecuencias para seguir como nación oprimida y “tercermundista”. Sin mercado interno no hay progreso ni cohesión nacional. El empresariado boliviano -esa burguesía parasitaria, mafiosa y rentista- nunca asumió un rol dirigente: se limitó a intermediar importaciones, vivir de la renta petrolera y realizar negociados con el narcotráfico, quebró entidades financieras para apropiarse ilícitamente de capitales y otras prácticas ilícitas para hacerse de capitales mientras el Estado se corrompía en prebendas, clientelismo y narconegocios, desde los Fondos Reservados hasta los lavados del MIR.
En 2006, con Evo Morales y el Gobierno del MAS, se viabilizó la estatización de los hidrocarburos, ENTEL y otras empresas estratégicas, además de la progresiva creación de nuevas empresas públicas. Se redujo la pobreza al 36%, se implementaron bonos sociales, se erradicó el analfabetismo y se recuperó la Whipala como emblema del Estado Plurinacional. La Ley Avelino Siñani–Elizardo Pérez (2010) encarnó la apuesta por la descolonización educativa mediante la interculturalidad, el reconocimiento de saberes ancestrales aymaras, quechuas, guaraníes y otros, así como la ruptura con el currículo neoliberal que pretendía domesticar y alienar al educando.
El Estado Plurinacional, consolidado en la CPE de 2009, reconoció 36 nacionalidades indígenas y estableció derechos colectivos largamente negados. Sin embargo, el capital, en su lógica imperialista, no tolera tales rupturas. La crisis global de 2008, agravada por la crisis interna de 2020, marcada por el golpe de Añez y las masacres de Senkata y Sacaba, junto con severos problemas e inadmisibles desaciertos del Gobierno de Arce–Choquehuanca, allanaron el camino para una restauración neoliberal encabezada por Rodrigo Paz. Este ya exhibe su esencia neoliberal al resucitar y cogobernar con lo que otrora fue el MIR, a pesar de no haber logrado la victoria electoral en su propia región de Tarija.
El gabinete ministerial del presidente Rodrigo Paz está conformado por José Luis Lupo en Economía, colaborador del empresario neoliberal Samuel Doria Medina, quien clama: “No creo en subsidios… Se nacionalizó el gas y no hay gas”. Viceministros del MIR, vinculados a casos de corrupción en hidrocarburos, colocan a operadores políticos que prometieron “capitalismo para todos” pero aplican ajustes salvajes. Incumplimientos flagrantes abundan, ya que Paz juró “sin FMI ni deuda”, pero se reunió con Nigel Clarke del FMI el 1 de noviembre, recibiendo “apoyo para reformas”. “El país que recibimos está devastado”, mintió en su posesión, culpando al MAS de una supuesta malversación de 15.000 millones de dólares, ignorando deliberadamente que su linaje familiar y político forjó el neoliberalismo depredador con negociados en desmedro de la nación.
La afrenta simbólica hiere más que el garrote económico lo que se aprecia en que el 8 de noviembre, Rodrigo Paz ordenó retirar la Whipala de las banderas oficiales en Palacio, tildándola de “símbolo divisivo”. En redes sociales miles de personas expresaron su repudio, recordando que “la Whipala no se toca” y denunciando que Paz “ataca nuestra identidad para complacer a la oligarquía cruceña”. Es un acto de genocidio simbólico mediante un golpe al artículo 1 de la CPE que reabre heridas coloniales y fortalece logias fascistas como la Nación Camba.
El continuismo proimperialista es descarado. El 15 de noviembre se acordó la “cooperación antinarcóticos” con la funesta DEA. Se reestablecieron relaciones con Estados Unidos, la nación más genocida y terrorista del planeta, prometiendo “estabilidad económica y apertura al mundo”. Se retomó el sometimiento al FMI y al BM mediante préstamos condicionados a privatizaciones, shock fiscal, eliminación de subsidios, apertura comercial y tratados de “libre comercio” con Estados Unidos y la Unión Europea, además de la exportación de litio y soya sin regalías. Y la traición mayor ocurrió el 18 de noviembre, cuando se suscribió un acuerdo diplomático con el régimen sionista y exterminador de Israel, reabriendo la embajada en Tel Aviv. Así, Paz se alinea con el despreciable régimen sionista mientras Palestina sigue siendo bombardeada y asesinada.
A todo lo anterior se suma la creciente injerencia del empresario neoliberal Samuel Doria Medina, cuya sombra se proyecta sobre las decisiones clave del nuevo gobierno. Diversas organizaciones sociales, así como el propio vicepresidente Edmand Lara, han denunciado que Doria Medina impone ministros, viceministros y directores, configurando un cogobierno no declarado. Su presencia expresa la continuidad de un proyecto entreguista vinculado al capital financiero, al expolio empresarial de los años 90 y al viejo esquema de endeudamiento condicionante del FMI y del Banco Mundial. Lejos de representar una renovación, Doria Medina reencarna el viejo modelo oligárquico que parasita al Estado, privatiza sus recursos y subordina la soberanía nacional a intereses imperialistas.
Los antecedentes de quienes hoy ocupan los ministerios y viceministerios profundizan esta alarma, ya que exfuncionarios del MIR fueron implicados en coimas, turbias operaciones políticas del ciclo 1989-2004 y exautoridades del régimen de Jeanine Áñez -algunos relacionados con masacres, represión o negociados en hidrocarburos- han sido reciclados como “tecnócratas” del nuevo gabinete. Esta restauración de figuras desprestigiadas y cómplices de políticas antinacionales revela la verdadera naturaleza del gobierno entrante, por ende, no representa un proyecto modernizador, sino la reposición desnuda del neoliberalismo más rancio, antipopular y enemigo de la soberanía boliviana.
