Jhon Ponte Gonzales
Hubo un tiempo —no tan lejano— en el que creíamos que ciertas lecciones históricas ya habían sido aprendidas. Que el dolor acumulado del pasado había dejado, al menos, algunos anticuerpos. Que no sería necesario volver a explicar por qué los discursos del orden absoluto, de la autoridad incuestionable y de la moral impuesta desde arriba terminan pareciéndose peligrosamente entre sí, sin importar el país ni la época. Sin embargo, Chile ha vuelto a votar y, con ello, ha recordado que la memoria política en América Latina sigue siendo frágil, selectiva y, en ocasiones, alarmantemente corta.
Lo que llama la atención no es solo el resultado electoral, sino el júbilo que lo acompaña. Hay quienes celebran como si se tratara de una gesta liberadora, como si el triunfo de la derecha más dura fuera una épica contra un enemigo difuso denominado “progresismo”, presentado —en esta narrativa simplificada— como responsable de todos los males contemporáneos. Desde esa mirada, Chile no habría elegido un proyecto político concreto, sino algo mucho más abstracto y seductor: la “libertad”. Así, sin adjetivos, sin contexto y, sobre todo, sin asumir consecuencias.
Los números, no obstante, suelen decir más de lo que permiten los eslóganes. José Antonio Kast obtuvo alrededor del 58 % de los votos en la segunda vuelta presidencial, frente al 41 % de su contendora. No se trató de un margen estrecho ni de una casualidad estadística, sino de una victoria amplia, territorialmente extendida y respaldada por una participación significativa. Kast se impuso en la totalidad de las regiones y en la mayoría de las comunas, incluso en espacios donde la tradición política había sido históricamente más moderada o progresista. Reducir este resultado a un simple “castigo” al gobierno saliente resulta tan cómodo como insuficiente.
Detrás de estas cifras confluyen factores reales y acumulados: una sensación extendida de inseguridad, el desgaste de promesas incumplidas, la frustración económica y la percepción de que la política institucional dejó de interpelar a amplios sectores de la sociedad. Este caldo de cultivo no es nuevo en América Latina, pero vuelve a mostrar su eficacia cuando es capitalizado por discursos que prometen orden inmediato, soluciones rápidas y una autoridad que no titubea. La novedad no reside en la fórmula, sino en la facilidad con la que vuelve a presentarse como sinónimo de libertad.
Es aquí donde la celebración acrítica se vuelve especialmente inquietante. Cuando estos triunfos se aplauden como si fueran, por sí mismos, avances democráticos incuestionables, se omite deliberadamente el contenido del proyecto que se legitima. Una libertad vaciada de su dimensión social y reducida a consigna de mercado, disciplina y castigo deja de ser una promesa emancipadora y se convierte en un recurso retórico funcional a viejas derivas autoritarias que nunca desaparecieron del todo.
Desde el Perú, el entusiasmo adquiere un tono particularmente estridente. Se observa a Chile como un espejo deseable, como la prueba de que la región estaría, por fin, “corrigiendo el rumbo”. Se aplaude desde la distancia, con la comodidad de quien no asume los costos de aquello que celebra. En ese aplauso reaparecen personajes locales más hábiles para el gesto performático que para la construcción de políticas públicas, convencidos de que la receta es sencilla: invocar la libertad mientras se promete orden, disciplina y moralización, como si gobernar fuera una cruzada y no una responsabilidad colectiva.
Lo que realmente se festeja no es un programa ni una propuesta social articulada, sino la posibilidad del castigo. Se celebra que alguien “ponga límites”, que “imponga orden”, que “diga las cosas como son”, aun cuando ello suponga reducir la complejidad social a una lógica punitiva y jerárquica. Se aplaude la idea de un Estado severo con los débiles y complaciente con los fuertes, revestido según convenga de símbolos religiosos, empresariales o patrióticos. Y todo ello se hace con una ligereza que roza la burla histórica, como si el autoritarismo dejara de serlo por haber pasado previamente por las urnas.
No se trata, por supuesto, de desconocer la legitimidad del voto ni de negar la voluntad popular. El desafío es otro, más incómodo: interrogar el sentido político que se construye alrededor de ese resultado. Porque la democracia no se agota en el acto electoral; en todo caso, comienza después de él. Y cuando los triunfos se leen únicamente como confirmaciones morales —“ganamos los buenos”— se pierde la capacidad de pensar críticamente el rumbo que se abre.
Existe, además, una ilusión peligrosa entre quienes hoy celebran con tanto fervor: la creencia de que estas políticas siempre recaerán sobre otros. Sobre los pobres, los migrantes, quienes protestan o quienes incomodan. Se asume que la libertad propia está garantizada por afinidad ideológica, pertenencia social o cercanía simbólica al poder. La historia latinoamericana demuestra, una y otra vez, que ese cálculo suele ser erróneo: cuando las lógicas autoritarias se consolidan, rara vez se detienen donde sus primeros promotores imaginaron.
Chile no inaugura una nueva era de libertad; inaugura, más bien, una pregunta que la región haría bien en tomarse en serio. ¿De qué libertad hablamos cuando celebramos estos resultados? ¿De la libertad de mercado sin derechos, de la libertad entendida como obediencia, de la libertad administrada desde arriba? ¿O de una libertad que amplía la dignidad material, reduce desigualdades y reconoce el conflicto social como parte legítima de la democracia?
Tal vez el desafío no sea elegir con entusiasmo automático, sino recuperar algo que parece cada vez más escaso: memoria, análisis y una mínima vergüenza política frente a la facilidad con la que se aplauden proyectos que ya conocemos demasiado bien. Porque cuando la política se transforma en consigna y fe, el ruido del triunfo suele ocultar el silencio que antecede a las derrotas colectivas más profundas.
Latinoamérica, diciembre 17 de 2025
