Por: Julio Gerardo Padilla Sánchez CONAICOP SCRETARÍA México
“La soberanía no se negocia y la seguridad de México se decide en México”. Esta frase no es solo una consigna política, sino que además es una definición histórica en un contexto donde la violencia del narcotráfico, la injerencia extranjera y la disputa interna por el poder se entrecruzan peligrosamente.
El 22 de febrero del presente año quedó marcado como un punto histórico en la confrontación contra el crimen organizado, en medio de versiones acerca del abatimiento de un importante líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo que durante años ha sido considerado uno de los más poderosos y violentos del país. Más allá de los hechos específicos, hay un elemento estructural que no puede ignorarse, ya que la mayoría de las armas sofisticadas utilizadas por los cárteles provienen de Estados Unidos.
Armas que cruzan la frontera
Diversos informes han señalado que un alto porcentaje del armamento incautado en México tiene origen estadounidense. Este fenómeno no es casual ni reciente, puesto que, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se desarrolló la polémica operación “Rápido y Furioso” (2009-2011), implementada por agencias estadounidenses, que permitió el ingreso ilegal de miles de armas a territorio mexicano con el argumento de rastrearlas hasta los cárteles. Muchas de esas armas terminaron fortaleciendo a las organizaciones criminales.
La llamada “guerra contra el narcotráfico”, declarada en 2006 por Calderón tras una elección con indicios de fraude y profundamente cuestionada, dejó una estela de violencia y decenas de miles de muertos. Lo que se presentó como una cruzada por la seguridad derivó en una espiral de confrontación que dividió al crimen organizado, multiplicó los grupos armados y profundizó la crisis humanitaria.
Años después, la condena en Estados Unidos de Genaro García Luna —exsecretario de Seguridad Pública de ese gobierno— por vínculos con el Cártel de Sinaloa confirmó lo que durante años fue denunciado por amplios sectores sociales como la infiltración del narcotráfico en las más altas esferas del poder. García Luna fue sentenciado en 2024 a 38 años de prisión por una corte estadounidense, en un proceso que expuso la colusión entre estructuras estatales y crimen organizado.
La doble moral del imperialismo de Estados Unidos
Estados Unidos se presenta como aliado en la lucha contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo su mercado es el principal destino de las drogas y su industria armamentista provee el arsenal que nutre la violencia en México. Mientras exige resultados y califica situaciones internas, no asume con la misma firmeza su responsabilidad en el tráfico ilegal de armas ni en la demanda interna de estupefacientes.
La designación de Ronald Johnson como embajador —exmilitar con antecedentes en operaciones de seguridad en América Latina— fue interpretada por muchos analistas como una señal de endurecimiento en la política bilateral, particularmente bajo la influencia de Donald Trump, cuya narrativa ha girado reiteradamente en torno a la criminalización de México y la amenaza de intervenciones unilaterales.
La historia latinoamericana demuestra que cuando Washington habla de seguridad hemisférica, muchas veces se traduce en injusta presión política, injerencia o condicionamientos económicos. La soberanía mexicana, por tanto, no es un concepto retórico, sino es una línea roja.
La derecha mexicana y sus contradicciones
En el plano interno, partidos políticos mafiosos como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernaron durante décadas en contextos donde el narcotráfico creció, se consolidó y penetró instituciones. Distintos exfuncionarios de esos periodos han sido investigados o señalados por vínculos con redes criminales.
Resulta descarado que sectores de esa misma derecha acusen hoy al actual gobierno progresista de ser un narcoestado e incluso vergonzosamente hayan acudido a instancias estadounidenses para solicitar intervención o presión internacional. Estas acciones, más que una preocupación genuina por la seguridad, parecen responder a una estrategia política de deslegitimación y confrontación contra el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
En momentos de crisis, la difusión de rumores, noticias falsas y la amplificación del miedo se convierten en herramientas de disputa política. La quema de vehículos, bloqueos y otros actos vandálicos son utilizados mediáticamente para proyectar la imagen de un Estado fallido. Sin embargo, el combate al crimen organizado no puede analizarse sin revisar el armazón histórico de complicidades, desatenciones y decisiones que nos trajeron hasta aquí.
Seguridad con soberanía
La administración gubernamental encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado una estrategia que combina programas sociales, fortalecimiento institucional y coordinación con fuerzas armadas, bajo el principio de que la seguridad nacional no puede subordinarse a intereses extranjeros.
El debate de fondo no es solo policial o militar, sino también político y estructural. ¿Puede México combatir eficazmente al narcotráfico mientras persista el flujo de armas desde Estados Unidos? ¿Puede hablarse de cooperación real cuando existe una desigualdad histórica en la relación bilateral? ¿Qué autoridad moral tienen quienes gobernaron en medio de escándalos de corrupción y colusión con el narcotráfico para presentarse ahora como defensores de la legalidad?
La soberanía no implica negar la cooperación internacional, sino establecerla en términos de respeto mutuo. Significa asumir responsabilidades compartidas en que México participa en el combate interno a las organizaciones criminales; Estados Unidos en el control efectivo del tráfico de armas y la reducción de la demanda de drogas.
Hoy más que nunca, el desafío consiste en desenmascarar la doble moral de Estados Unidos y de los neoliberales que entregaron y destruyeron la patria, denunciar las complicidades del pasado y evitar que la lucha contra el narcotráfico sea utilizada como instrumento de desestabilización política.
Porque la seguridad no puede construirse sobre la hipocresía.
Y porque, en última instancia, la soberanía —como la dignidad— no se negocia.
