Richard Gonzales
La democracia parlamentaria es una forma de gobierno en la que el poder ejecutivo emana del poder legislativo. En este sistema, el gobierno puede ser destituido por el parlamento mediante un voto de censura o de desconfianza.
Siendo la soberanía popular la que elige a sus representantes mediante elecciones “libres”, esta forma de democracia se caracteriza por una separación de poderes más flexible que la del presidencialismo. En ella, existen un jefe de gobierno y un jefe de Estado; sin embargo, el poder político debería emanar del pueblo. Pero cuando, en una democracia parlamentaria, las corporaciones o grupos de poder fáctico controlan totalmente el poder, el sistema democrático se vacía de contenido. Aunque formalmente conserve su estructura, en la práctica deja de ser real, convirtiéndose en una fachada civil que encubre una dictadura.
En tales circunstancias, los medios de comunicación ejercen una influencia decisiva. Estos se convierten en actores políticos e ideológicos que, mediante campañas de propaganda, legitiman la concentración del poder. El parlamento, entonces, se transforma en una amalgama y maquinaria de lobbying corporativo. En consecuencia, la democracia deviene inexistente: los poderes del Estado se reducen a simples nomenclaturas para el engaño.
Así, el voto pierde su efectividad real y, por ende, la legitimidad del orden político se vuelve nula. Si bien en la Constitución se consagran derechos y libertades, si en la práctica imperan el monopolio y la dictadura del poder económico, la democracia formal carece de sustancia.
Por tanto, no existe equidad, igualdad, libertad ni capacidad de decisión colectiva. El sistema se reduce a los intereses oligárquicos: un gobierno de ricos legitimado por los mismos pobres.
La democracia liberal se ha sustentado en dos principios fundamentales:
- El liberalismo económico, que defiende la libertad de mercado, la igualdad de derechos y la iniciativa individual.
- La democracia política, que promueve la igualdad de derechos, la soberanía popular y la redistribución del poder.
Sin embargo, estos principios han sido trastocados. El dinero y el capital deciden por encima del voto, que se convierte simplemente en un instrumento de legitimación del poder financiero e industrial. Este proceso conduce al desmantelamiento del Estado social o Estado de bienestar. La capacidad de decisión del ciudadano deja de ser relevante, siendo reemplazada por el dominio de las oligarquías, en un proceso paulatino de concentración del poder.
¿En qué se convierte entonces el voto bajo esas circunstancias? En la legitimación del poder oligárquico: una dictadura abierta del poder financiero e industrial, sostenida por una constante campaña de despolitización y desideologización. La ciudadanía es transformada en mera consumidora, en una cifra estadística. La captura del Estado implica legislar en favor del capital financiero e industrial, lo que supone la pérdida de la soberanía popular.
Ese poder ya no rinde cuentas a nadie, no tiene controles ni obligaciones con nadie; es un poder sin patria y sin equilibrio de poderes. Se sostiene en la violencia abierta, en las bayonetas y la represión. Sobre esta base, las élites corporativas saquean los recursos, acumulan riqueza de manera desenfrenada y fragmentan a la sociedad, generando una desigualdad monumental.
La desintegración social es parte de esa lógica. Por ello, se fomenta el caos mediante todo tipo de vicios, se incrementa el individualismo extremo, la desconfianza mutua y la fractura social. Ya no existen canales de participación ciudadana; el poder legislativo se convierte en un mero gestor de las políticas dictadas por las corporaciones.
Todo esto se acompaña de desinformación, manipulación y del uso de las emociones. Una “ciudadanía entretenida” mediante programas banales o narrativas justificadoras de la desigualdad termina defendiendo su propia subordinación, como ocurre con buena parte de la población.
Esa es la razón por la que los servicios públicos se debilitan o son llevados a un deterioro inducido. Paralelamente, el costo de vida aumenta sin cesar, generando angustia, empobrecimiento, inseguridad emocional y estrés colectivo. De esta manera, la población queda sometida y el dominio absoluto de las corporaciones se legitima una vez más.
Frente a esta realidad, las masas deben activar todo tipo de organización colectiva donde se ejerza una democracia real. Es necesario construir organizaciones paralelas en todos los ámbitos, promover núcleos comunitarios de desarrollo colectivo y no abandonar la lucha por la democracia y los derechos. La movilización es fuente de aprendizaje y ejercicio para luchas más avanzadas y para la formación de contrapoderes en sindicatos, organizaciones sociales y frentes amplios que articulen a las masas sin prejuicios ni sectarismos.
Los sectores pensantes deben impulsar una campaña amplia, profunda y bien sustentada de desenmascaramiento y combate ideológico y político. Solo así podrá promoverse la conciencia organizada del pueblo, capaz de desarrollar en el futuro luchas más elevadas y transformadoras.
El sistema imperante atraviesa una profunda crisis en todos los planos, lo que genera todo tipo de sufrimiento humano. Superar y transformar esta realidad dependerá de la comprensión y de la acción organizada. Para ello, se requiere un ente consciente que aglutine, dirija y oriente los esfuerzos en la construcción de un sistema opuesto y distinto al que hoy agoniza.
28 de octubre de 2025
