Red de Prensa Popular Latinoamericana
Ciudad de México, abril 26 de 2026
Presentación
En el marco de una visita reflexiva al Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México, espacio emblemático de la memoria histórica del pueblo mexicano, un grupo de activistas y comunicadores realizó un proceso colectivo de análisis y debate en torno a la lucha de clases en México, América Latina y el escenario internacional actual.
Estas reflexiones se inscriben en un contexto global marcado por la profundización de las contradicciones del capitalismo en su fase imperialista, la reconfiguración del orden mundial y el despliegue de múltiples formas de dominación —económicas, políticas, militares y mediáticas— por parte de las potencias capitalistas e imperialistas. Al mismo tiempo, diversos pueblos del mundo, como Palestina, Cuba, Irán, Yemen, Líbano, Venezuela, entre otros, sostienen procesos de resistencia frente a estas injustas políticas de dominación, en un escenario internacional atravesado por la gran ley de la lucha de clases en macro.
En este contexto de reflexión crítica, y a partir de la carga simbólica e histórica de Tlatelolco, el colectivo centró su análisis en el movimiento estudiantil de 1968 en México, entendido no como un hecho aislado, sino como expresión concreta de la lucha de clases en un momento de crisis del régimen político de aquella coyuntura. Se abordó su capacidad organizativa, su carácter popular y su potencial transformador, así como la brutal respuesta estatal, que recurrió al terrorismo de Estado para preservar el orden dominante.
El presente ensayo es, por tanto, el resultado de este ejercicio colectivo de pensamiento crítico, elaborado de manera conjunta por Julio Gerardo Padilla Sánchez, Héctor Torres Vázquez, Carlos Alberto Jiménez Guadarrama, Alberto Gutiérrez Islas y Alex Chamán Portugal. Más que un trabajo individual, constituye una construcción reflexiva compartida que articula memoria histórica, análisis político y perspectiva crítica, con el propósito de comprender la dinámica de la dominación, las políticas de resistencia del movimiento obrero y popular en México y en el marco de la crisis que agobia al sistema capitalista global.
Introducción y contextualización
La lucha de clases en el escenario internacional, lejos de haber desaparecido como proclamaron los ideólogos burgueses del llamado “fin de la historia”, se ha intensificado y reconfigurado bajo nuevas formas en el capitalismo globalizado y su expresión neoliberal. La expansión del parasitario capital financiero, la creciente concentración monopólica y la profundización de la precarización del trabajo —junto al deterioro de las condiciones materiales de existencia de las mayorías— han agudizado las contradicciones entre el capital y el trabajo, generando oleadas de resistencia que recorren el planeta. Desde las rebeliones populares en África y Asia hasta las protestas masivas en América y Europa contra las políticas de austeridad, se evidencia que la conflictividad social no es una anomalía, sino una condición inherente al decadente sistema capitalista. Sin embargo, estas luchas enfrentan una ofensiva reaccionaria articulada por potencias imperialistas, que combinan intervenciones militares, guerra mediática y desestabilización política mediante crueles sanciones unilaterales, con el objetivo de contener y neutralizar cualquier proyecto emancipador. En este contexto, la lucha de clases adquiere un carácter abiertamente global, en el que las naciones oprimidas y los pueblos del mundo resisten no solo a sus burguesías nacionales y transnacionales, sino también a la fase imperialista del capitalismo, que recurre a múltiples mecanismos para perpetuar su dominación y hegemonía.
En América Latina, la lucha de clases se expresa como una confrontación histórica entre proyectos populares de emancipación y estructuras oligárquicas subordinadas al imperialismo, principalmente estadounidense. La región ha sido escenario de revoluciones, reformas profundas, y también de atroces contrarrevoluciones, por ejemplo: desde la experiencia socialista en Cuba hasta los golpes de Estado en el Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, etc., pasando por los procesos denominados progresistas del siglo XXI que intentaron una más justa redistribución de la riqueza y recuperar cierta soberanía. Pensadores revolucionarios como José Carlos Mariátegui ya advertían que la emancipación latinoamericana debía ser una creación heroica de los pueblos, arraigada en sus propias condiciones socio-históricas (Mariátegui, 1928/2007). Sin embargo, cada avance obrero y popular ha sido respondido con estrategias de opresión que combinan violencia reaccionaria directa, lawfare, control mediático, despojo de derechos y libertades demoliberales. Aun así, las resistencias persisten en los movimientos obreros, indígenas, campesinos, feministas, estudiantiles y otros que continúan disputando el sentido del poder, reafirmando que la historia latinoamericana no está clausurada, sino en permanente tensión entre emancipación y dominación.
En México, la lucha de clases se ha desarrollado bajo una forma muy compleja, marcada por la coexistencia de un Estado fuerte y una enorme desigualdad social. Merece especial interés las luchas agrarias de la Revolución Mexicana hasta el vigoroso movimiento estudiantil de 1968 y las resistencias posteriores, el conflicto entre las clases explotadoras y las explotadas ha sido constante. La despiadada masacre de Tlatelolco y la posterior Guerra Sucia evidencian que el Estado ha recurrido sistemáticamente a la violencia reaccionaria para preservar el injusto orden establecido, configurando lo que puede caracterizarse como terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, el uso del espectáculo —como el Mundial de fútbol de 1970— fue instrumentalizado como efectivo mecanismo de control ideológico, desviando la atención de las contradicciones estructurales. No obstante, la memoria y la organización popular han mantenido viva la resistencia popular, reafirmando en la práctica su derecho histórico a la rebelión.
Hay momentos en la historia en que el poder no solo gobierna, sino también escenifica, puesto que construye una imagen de sí mismo que procura imponerse como realidad incuestionable. México, en las décadas centrales del siglo XX, se caracterizó por un régimen que combinó crecimiento económico con control político, estabilidad institucional con violencia selectiva, modernización con exclusión. Bajo el denominado “Milagro Mexicano”, se consolidó una forma particular de dominación en que un capitalismo dependiente es sostenido por un Estado fuerte, centralizado y autoritario.
Como advirtió Pablo González Casanova, la estructura política mexicana no respondía a los parámetros de una democracia liberal plena, sino a una democracia restringida, en que la participación popular era administrada y los márgenes de disidencia duramente limitados (González Casanova, 1965). El cuestionado Partido Revolucionario Institucional no era sencillamente un actor electoral, sino el eje articulador de una maquinaria de poder que integraba sindicatos, medios masivos de información, instituciones educativas y fuerzas de seguridad en una lógica de control total. Sin embargo, toda hegemonía —como lo planteó Antonio Gramsci— se distingue por ser inestable, ya que se sostiene en un equilibrio dinámico entre consenso y coerción. Y cuando ese equilibrio se fractura, emerge la crisis.
La irrupción del ejemplar movimiento estudiantil
El movimiento estudiantil de 1968 no fue una anomalía aislada, sino la expresión visible de contradicciones socio-políticas acumuladas tanto a nivel nacional como internacional. En México, la severa represión contra obreros, campesinos, médicos y maestros dejó una huella profunda en la conciencia colectiva. Cada uno de esos episodios configuró una pedagogía política que evidenció que el Estado no actuaba como mediador neutral, sino como garante de un orden de clase explotador y opresor.
Referido proceso no puede comprenderse plenamente sin situarlo en el contexto de una oleada global de rebeliones juveniles y estudiantiles. En mayo del 68 en Francia, millones de estudiantes y trabajadores cuestionaron el sistema capitalista; en los Estados Unidos, el movimiento contra la Guerra de Vietnam articuló una poderosa crítica al imperialismo y al racismo estructural. De similar forma, en diversas regiones de Asia, América Latina y Europa, la juventud emergió como un actor político central que cuestionaba tanto las estructuras autoritarias como las palpables desigualdades inherentes al sistema.
En este escenario internacional de efervescencia, el crecimiento económico mexicano —presentado como símbolo de estabilidad— coexistía con profundas desigualdades estructurales y una sistemática negación de derechos y libertades. Fue en esa coyuntura que la juventud universitaria mexicana irrumpió como sujeto político, articulando demandas legítimas que implicaban una ruptura con el orden dominante. El pliego petitorio del movimiento —restitución de derechos, libertad de presos políticos, desaparición del cuerpo de granaderos y derogación del delito de disolución social— no planteaba aún una revolución socialista, pero sí constituía un cuestionamiento directo a las políticas antipopulares del régimen.
Así, el movimiento estudiantil mexicano se inscribe en una dinámica histórica más amplia en que la irrupción de una generación que, desde distintas latitudes, puso en tela de juicio la legitimidad de los inicuos sistemas políticos y económicos vigentes, revelando que la lucha de clases, lejos de extinguirse, adquiría nuevas formas y nuevos sujetos en la segunda mitad del siglo XX.
El Estado y la violencia como racionalidad política
La respuesta del Estado fue inmediata y brutal. La masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco (Plaza de las Tres Culturas, símbolo de la confluencia de las herencias prehispánica, hispánica y republicana) puede entenderse como una política deliberada y alevosa violatoria de los derechos fundamentales del pueblo movilizado, ya que, fue la expresión más descarnada de una práctica de poder que recurre a la violencia reaccionaria cuando percibe amenazada su estabilidad.
La operación represiva constituye un caso singular de terrorismo de Estado mediante el uso de la violencia para infundir miedo, desarticular organizaciones y disciplinar a la sociedad aplicando terror. Elena Poniatowska recoge en su testimonio una verdad irrefutable: “la noche de Tlatelolco no terminó con los disparos; continuó en el silencio impuesto” (Poniatowska, 1971, p. 58). Esta afirmación revela una dimensión central en que la represión no solo elimina y desaparece cuerpos, sino que intenta borrar significados.
Este tipo de violencia, además de ser irracional es profundamente funcional. Tal como señala Rita Segato, el terror estatal cumple una función pedagógica, ya que enseña a la sociedad los límites de lo permitido (Segato, 2016).
La construcción del enemigo interno
La Guerra Fría, expresión geopolítica de la confrontación entre el capitalismo y el socialismo, proporcionó al Estado mexicano el marco ideológico y político perfecto para justificar la atroz represión. Bajo la retórica anticomunista, erigida como doctrina de seguridad nacional al servicio de las clases explotadoras, cualquier forma de disidencia no solo tendía, sino que era sistemáticamente criminalizada. Así, el estudiante dejó de ser sujeto de derechos para convertirse en objetivo de vigilancia; el activista, en blanco legítimo de persecución; el pueblo organizado, en amenaza a neutralizar.
Este proceso de construcción del enemigo interno permitió legitimar prácticas que, en otras circunstancias, habrían sido inaceptables. Se institucionalizó así una maquinaria de terror, en que la vigilancia, el hostigamiento, la persecución, las detenciones, los encarcelamientos, las torturas, las violaciones y los asesinatos fueron normalizados como instrumentos cotidianos de dominación de clase. Estas acciones se presentaron como mecanismos de defensa nacional. Pero en realidad, no defendían a la nación, sino a una minoría privilegiada enquistada en el poder. No se trataba de resguardar la soberanía, sino de preservar un orden social injusto, profundamente desigual y estructuralmente violento al servicio del capital nacional y transnacional.
Papel de los medios masivos de información
La represión física a los manifestantes fue acompañada por una operación simbólica igualmente eficaz, puesto que los grandes medios de manipulación —orgánicamente vinculados a los intereses del poder vigente— no solo omitieron la verdad, sino que la sustituyeron. Construyeron una narrativa oficial destinada a encubrir el crimen y a deslegitimar la protesta popular.
Carlos Monsiváis lo expresó con claridad al afirmar que la prensa no informó sobre Tlatelolco; administró el silencio (Monsiváis, 1970). Al hacerlo, se convirtió en un actor clave en la reproducción de la hegemonía. No fue un error ni una omisión involuntaria, sino una función estructural dentro del aparato ideológico del Estado.
Frente a ese cerco informativo, el poderoso movimiento estudiantil desarrolló sus propias formas de comunicación a través de brigadas, volantes, prensa alternativa, entre otras. Estas prácticas no eran simplemente informativas, sino profundamente políticas, porque rompían el monopolio burgués de la palabra y devolvían al pueblo su capacidad de nombrar la realidad. En ellas se gestaba una contrahegemonía, expresada en una narrativa insurgente que desafiaba frontalmente el control estatal del sentido y de la verdad.
El espectáculo instrumentalizado como encubrimiento
El Estado mexicano, especialmente a partir de 1968, no actuó de manera aislada ni reactiva, sino como parte de una estructura de dominación de clase que combinó feroz represión y control ideológico para preservar un orden sumamente desigual. La masacre de Tlatelolco no fue un exceso, sino una expresión deliberada de terrorismo de Estado, legitimada mediante la construcción del “enemigo interno” bajo la lógica anticomunista de la Guerra Fría. En este marco, estudiantes y sectores organizados del pueblo fueron criminalizados, perseguidos, encarcelados, torturados y eliminados como parte de una estrategia de disciplinamiento social.
A esta violencia material se sumó una operación simbólica igualmente eficaz en que los medios masivos de manipulación actuaron como aparatos ideológicos al servicio del poder, ocultando la verdad y construyendo una narrativa funcional al régimen. Paralelamente, el Estado desplegó el espectáculo —particularmente los Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial de 1970— como mecanismo de encubrimiento y recomposición de legitimidad, proyectando una imagen de modernidad y estabilidad mientras profundizaba prácticas sangrientas de contrainsurgencia. El espectáculo sustituyó la realidad, ocultando la violencia estructural tras una escenificación de normalidad.
La articulación entre represión, manipulación mediática y espectáculo evidencia que el poder reaccionario no solo se sostiene por la fuerza, sino también por su capacidad de moldear la conciencia social. No obstante, frente a esta maquinaria de dominación, el movimiento estudiantil y los sectores populares generaron formas de resistencia y contrahegemonía que mantuvieron viva la memoria histórica y reafirmaron, en la práctica, el derecho del pueblo a la rebelión frente a un orden injusto.
Entre la paz simulada y la violencia real
El México de 1968 no era un país en paz; era, un país sometido al silencio. La estabilidad que el Estado exhibía no respondía a un equilibrio social legítimo, sino a una combinación calculada de coerción y consenso, en que la brutal represión se articulaba con el espectáculo para sostener una apariencia de normalidad. Cuando ese frágil equilibrio fue desafiado por la irrupción del movimiento estudiantil, el poder reaccionó sin ambigüedades, revelando su verdadera naturaleza de constituirse en un aparato dispuesto a ejercer la violencia extrema para preservar el orden dominante.
La historia no se agota en la represión. La experiencia del 68 dejó una huella indeleble que trascendió a quienes la vivieron directa o indirectamente, proyectándose sobre las generaciones posteriores como una memoria activa de lucha. Fue, una derrota en el plano inmediato, pero también una victoria en el terreno de la conciencia histórica y la movilización popular. Los procesos históricos no se miden únicamente por sus resultados inmediatos, sino por las condiciones que generan para las luchas futuras, y en ese sentido, el 68 abrió una grieta irreversible en la hegemonía del poder concretada en las crecientes luchas y resistencias populares.
La lógica de la manipulación y alienación
Esta operación puede comprenderse como un proceso de alienación funcional al sistema. La energía social que podría orientarse hacia la crítica, la organización y la transformación estructural es desviada hacia el consumo pasivo de imágenes, emociones y espectáculos. Se produce así una desideologización y despolitización de las masas, donde la experiencia colectiva es reemplazada por una vivencia mediada, fragmentada y controlada.
El problema no radica en el fútbol como práctica popular, sino en su apropiación por parte de las inicuas estructuras de poder, que la instrumentalizan ideológicamente y lo convierten en mercancía al servicio de la dominación. En este sentido, el Mundial de 1970 operó como una válvula de escape cuidadosamente diseñada que permitió descomprimir tensiones sociales, reforzar una identidad nacional funcional al régimen y, al mismo tiempo, desplazar la atención de la lucha de clases que atravesaba al país. No fue un fenómeno espontáneo ni neutral; puesto que, ante todo, fue una operación política deliberada.
Contrainsurgencia y simulación de apertura en el México post-1968
El gobierno de Luis Echeverría Álvarez desplegó una estrategia dual que se manifiesta con nitidez la contradicción del poder burgués en crisis. Por un lado, incorporó en el plano discursivo ciertas demandas de las organizaciones sociales y populares, apropiándose de consignas como justicia social, progreso, desarrollo y participación en un intento por recomponer una legitimidad severamente erosionada tras los luctuosos sucesos de 1968. Por otro lado, reforzó e intensificó los mecanismos de control, vigilancia, persecución y represión contra los sectores consecuentes que no podían ser cooptados ni integrados al orden opresor, demostrando que la apertura proclamada no era más que una maniobra táctica de contención.
Esta lógica alcanzó su expresión más atroz el 10 de junio de 1971, con la masacre conocida como el Halconazo, en que la movilización estudiantil fue atacada por el grupo paramilitar “Los Halcones”, entrenado, financiado y protegido por el propio Estado, lo que dejó al descubierto la naturaleza estructural de la violencia. El mensaje dejaba en evidencia que la participación popular era tolerada únicamente dentro de los márgenes definidos por el poder vigente, y cualquier intento de organización autónoma del pueblo sería reprimido sin contemplaciones.
Como advierte Adolfo Gilly, este periodo puede entenderse como una fase de contrainsurgencia preventiva, en la que el Estado no espera la irrupción de la rebelión, sino que actúa anticipadamente para sofocar sus condiciones de posibilidad (Gilly, 2006). De este modo, la represión deja de ser episódica y se transforma en estructural, sistemática y anticipatoria, consolidando un modelo de dominación que articula violencia directa con control ideológico.
La institucionalización del terror la Guerra Sucia
A partir de los 1970, la violencia estatal en México se robustece y adquiere mayor complejidad, puesto que se consolida lo que posteriormente sería denominado la “Guerra Sucia” que se caracterizará por ser una política sistemática de estigmatización, persecución, encarcelamiento, aniquilamiento, tortura, asesinato y disciplinamiento dirigida contra organizaciones guerrilleras, movimientos populares y toda forma de disidencia política. No se trató de excesos aislados, sino de una estrategia diseñada e implementad por el Estado orientada a aplastar cualquier proyecto de transformación social estructural.
En este periodo, las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la existencia de cárceles clandestinas se convierten en prácticas recurrentes y normalizadas al interior del aparato estatal. El poder represivo ya no opera únicamente a través de sus instituciones visibles, sino también mediante pérfidas redes encubiertas, estructuras paramilitares y operaciones clandestinas que garantizan la impunidad. En este contexto, el terrorismo de Estado deja de ser una categoría abstracta para convertirse en una realidad concreta y verificable en la experiencia histórica mexicana.
Como señala Rita Segato, este tipo de violencia no solo elimina físicamente a los cuerpos disidentes, sino que cumple una función disciplinaria más profunda, ya que produce sujetos atravesados por el miedo, restringe la acción colectiva y fragmenta el tejido social (Segato, 2016). En México, esta pedagogía del terror dejó una marca duradera, configurando generaciones enteras condicionadas por la autocensura, la desconfianza y la inhibición política.
Resistencias y fisuras en la hegemonía
La realidad demuestra que la hegemonía nunca es total ni definitiva. A pesar del despliegue del espectáculo y de la estrategia de control, persistieron fisuras desde las cuales se articularon formas de resistencia. Intelectuales críticos, artistas, organizaciones estudiantiles y movimientos populares mantuvieron viva la memoria de Tlatelolco, denunciaron la inmisericorde represión y cuestionaron la narrativa oficial impuesta por el Estado y sus aparatos ideológicos.
En términos de Antonio Gramsci, se trató de una guerra de posiciones mediante una disputa prolongada en el terreno cultural, político e ideológico, en que cada espacio —una universidad, una publicación, una movilización— se convierte en un campo de lucha (Gramsci, 1971). Estas resistencias no lograron revertir de inmediato la correlación de fuerzas, pero sí impidieron el cierre absoluto del campo político, manteniendo abierta la posibilidad histórica de nuevas irrupciones populares.
Conclusión la fiesta como forma de gobierno
Los Juegos Olímpicos de México 1968 y el Copa Mundial de la FIFA México 1970 no fueron simples celebraciones deportivas, sino mecanismos estratégicos para restaurar el orden social tras la crisis abierta por la ejemplar e histórica lucha del Movimiento estudiantil de 1968 en México. A través del espectáculo, el Estado mexicano proyectó una imagen de modernidad y estabilidad, mientras encubría la persistencia de la feroz represión y la violencia estructural.
La normalidad y estabilidad construida desde la fiesta fue, sin embargo, profundamente precaria, ya que no expresaba una resolución de las estructurales contradicciones sociales, sino su desplazamiento simbólico y su contención política. En este sentido, el poder no solo operó valiéndose de la coerción, sino también a través de la seducción ideológica, la escenificación y la producción de consenso.
No obstante, el espectáculo tiene límites porque solamente puede ocultar momentáneamente la conflictividad social, mas no eliminarla. Cuando la lucha de clases reaparece —como en 1971 y en ciclos posteriores de conflicto—, se evidencia que bajo la superficie festiva persisten las condiciones que hacen posible la inevitabilidad de la protesta. Allí radica la enseñanza histórica en que toda estrategia de dominación que combine represión y espectáculo contiene, en su propia contradicción, la posibilidad latente de la rebelión popular.
Referencias
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