Por: Claudia García – Periodista de Investigación
Lima — A 45 días de la segunda vuelta electoral, un hecho de sangre ocurrido en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) ha reabierto una herida que el Perú creía advertida: la posible utilización del terrorismo como herramienta de manipulación política. El hallazgo de los cuerpos de cinco ciudadanos peruanos y dos heridos, atribuido inicialmente por las autoridades a un ataque de remanentes narco-subversivos, es cuestionado por fuentes de inteligencia y organizaciones de derechos humanos, que señalan indicios de un montaje con fines electorales.
Documentos y testimonios obtenidos apuntan a la existencia de una articulación entre altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) con operadores políticos del fujimorismo. El objetivo, de acuerdo con las fuentes consultadas, sería reactivar la narrativa del “retorno del terrorismo” para incidir en la opinión pública y favorecer a la cuestionada candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Cinco muertes en el VRAEM: ¿operativo militar o ejecución extrajudicial?
El 12 de abril pasado, la prensa oficial reportó la muerte de cinco personas y dos heridos en una zona de alto riesgo del VRAEM, atribuyéndola a un enfrentamiento con supuestos integrantes de Sendero Luminoso. Sin embargo, tres pobladores de la zona —cuyas identidades se mantienen en reserva por seguridad— declararon varios medios que los fallecidos y heridos eran agricultores y deportistas conocidos en la comunidad, sin vínculos previos con organizaciones subversivas.
Ante estas versiones, pobladores, familiares y organismos de Derechos Humanos del VRAEM solicitaron una investigación independiente, advirtiendo que el caso presenta “todos los patrones de un falso positivo”, práctica documentada durante la lucha antisubversiva de los años ochenta y noventa, cuando las fuerzas del Estado presentaban a civiles asesinados como terroristas abatidos.
Los generales bajo la lupa: propiedades, dinero y poder
En la cadena de responsabilidades que está siendo trazada por fuentes de inteligencia e investigadores civiles aparecen dos nombres de alta jerarquía militar y policial.
El primero es el general de división Víctor Huertas Ponce, comandante general del Frente VRAEM. Según investigaciones, Huertas Ponce habría recibido prebendas del congresista de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres Morales, quien le habría facilitado propiedades en el Sur de Lima y el distrito exclusivo de La Molina, además de sumas de dinero no declaradas y recomendaciones para ascensos y destinos estratégicos.
Por otro lado, el general Óscar Arriola Delgado, comandante general de la PNP, ha sido señalado en al menos tres informes de inteligencia como responsable de implementar la doctrina del “terruqueo” y persecución política en zonas de conflicto social y, además, de favorecer a familiares con contratos y concesiones a través de instituciones del Estado. El diario oficial El Peruano publicó en enero pasado una resolución que adjudicó una licitación a una empresa vinculada a un familiar de Arriola Delgado, hecho que la Contraloría General recomendó investigar por presunta incompatibilidad.
El patrón que se repite: terrorismo como coartada política
De confirmarse los señalamientos, el Perú estaría frente a una reedición del modus operandi fujimontesinista que caracterizó al gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), donde el aparato de inteligencia comandado por Vladimiro Montesinos utilizó el discurso del terrorismo para justificar violaciones a los derechos humanos, cerrar el Congreso y manipular procesos electorales.
Keiko Fujimori, actual candidata presidencial, arrastra una condena en primera instancia por lavado de activos (en el caso Cócteles) y está siendo investigada por presunto fraude en la recolección de firmas para su inscripción electoral. Ante este escenario, analistas políticos consultados coinciden en que la estrategia de Fuerza Popular ha sido “cambiar la agenda” y “revivir el miedo” como factor movilizador de votos. No es casualidad que estos hechos ocurran justo cuando las encuestas muestran rechazo al voto fujimorista.
Confabulación político-militar: un riesgo para la democracia
La presunta relación entre el congresista fujimorista Torres Morales, el general del ejército Huertas Ponce y el general de la policía Arriola Delgado constituiría, según especialistas en defensa, una violación del principio de subordinación del poder militar al poder civil democrático. El artículo 169 de la Constitución Política del Perú establece que las Fuerzas Armadas y la PNP no son deliberantes. Sin embargo, las pruebas documentales sugerirían lo contrario: existiría una línea de mando paralela que responde a intereses partidarios.
La sangre de siete peruanos en el VRAEM, cinco muertos y dos heridos, no podrá borrarse con comunicados de prensa ni con informes oficiales sin contradicción. El periodismo de investigación tiene la obligación de solicitar el esclarecimiento real de los sucesos.
