Por: Richard González
Los principios sobre los cuales se creó y sostuvo el capitalismo, así como la necesidad de legitimar su hegemonía de clase, partieron de la construcción de un imperio de la ley; es decir, de la imposición de una nueva voluntad política que proyectaba un nuevo orden y un nuevo poder por parte de quienes habían conquistado el control del Estado. Por tanto, se trataba de imponer una nueva voluntad contra la clase y el sistema que habían sido derrocados.
¿Contra qué apuntaba ese proceso?
Contra la monarquía absoluta, contra el poder y la dictadura concentrados en un solo monarca, en un rey que decidía el destino de toda la sociedad. Es decir, el objetivo era enterrar el viejo orden feudal.
En aquella sociedad, los siervos, libertos y esclavos no tenían capacidad real de opinión ni de decisión. La sociedad creada tras esas transformaciones tampoco estaba pensada para ellos. Sin embargo, fueron utilizados en las luchas políticas y sociales, razón por la cual se agitaron las banderas de las libertades individuales, los derechos liberales y la democracia, como si realmente fueran derechos universales para todos.
En realidad, todos esos principios valían en la medida en que representaban los intereses esenciales de quienes conquistaron el poder. ¿Y quiénes conquistaron ese poder y contra quiénes? Una clase social: la burguesía.
Obviamente, esa nueva clase necesitaba consenso y legitimidad para sostener su dominio. De allí surge el voto y todo el proceso de representación política que, con el tiempo, se fue ampliando debido a las luchas de los pueblos. Sin embargo, la participación política del pueblo como sujeto histórico continúa siendo un terreno de tensión y disputa permanente.
Hoy, en las circunstancias en las que se encuentra el mundo, el propio sistema capitalista no solo atraviesa una disputa entre hegemonías en transición, sino que vive un escenario de conflicto, caos y crisis general.
Por lo tanto, la crisis es económica, política, ideológica, filosófica y cultural.
Es una crisis integral que atraviesa todos los ámbitos de la vida social.
Parte de esa crisis alcanza también al derecho liberal y a la democracia formal. El fracaso de las instituciones liberales y de la democracia representativa es hoy un fenómeno visible en distintos niveles y dimensiones alrededor del mundo. Incluso para quienes las crearon, estas estructuras ya no resultan plenamente útiles ni funcionales; por eso, son ellos mismos quienes las erosionan y las hunden progresivamente.
Si ese es el proceso que necesita el sistema para sostenerse, entonces, ¿con qué se reemplaza? Precisamente con una dictadura: una dictadura corporativa abierta, y esa parece ser la tendencia dominante. Esa es la razón por la cual se corrompen y se caotizan todas las estructuras sociales y políticas construidas desde el siglo XVI.
La finalidad es que, en medio de la crisis y la disfuncionalidad, la propia sociedad termine aceptando —o incluso reclamando— una forma de dictadura como salida al caos.
El Perú es un ejemplo claro y nítido de ello. Ninguno de los principios fundamentales del derecho liberal o de la democracia formal funciona plenamente: no existe una verdadera separación de poderes, ni un auténtico imperio de la ley, ni una democracia sustancial. Todo aparece subordinado a una lógica de dictadura corporativa.
Entonces, ¿se puede seguir participando en el juego de legitimación de esa dictadura mediante el voto formal?
Ni amplios sectores de la izquierda, ni muchos intelectuales o eruditos parecen ser plenamente conscientes de la dimensión histórica del problema. Persisten en analizar esta realidad con categorías limitadas y desfasadas frente al nuevo escenario.
Entonces, ¿cuál es la alternativa para los pueblos ante esta realidad?
Se requiere otro nivel de organización y otro nivel de lucha. La cuestión central es: ¿cómo construir contrapoder en estas circunstancias?, ¿cómo crear formas de poder popular dentro del propio Estado existente?
Allí reside el núcleo del problema. Bajo estas condiciones, el eje de la disputa ya no se encuentra únicamente en el parlamentarismo o en los sufragios, sino en la capacidad de construir poder real dentro de las estructuras mismas del poder dominante.
Eso implica organización sólida y articulada, liderazgo con representación y legitimidad, así como la construcción de un frente amplio del pueblo organizado, con dirección política, estrategia y herramientas propias.
No hacerlo sería una grave ingenuidad histórica. El enemigo golpeará; de eso se puede estar seguro. Por ello, resulta indispensable construir una cadena de dirección capaz de dar continuidad al proceso organizativo y político.
Todo ello requiere programa, cuadros políticos, organización y una coalición de clases populares con capacidad de conducción. En otras palabras, exige un vértice político de dirección de las clases del pueblo.
Las circunstancias actuales de la lucha son distintas. El mundo atraviesa un momento histórico marcado por la crisis y el desgaste del sistema capitalista, así como por las formas cada vez más agresivas con las que este reacciona frente a los pueblos.
30/04/2026
