Falsos positivos en el VRAEM: La masacre de Cochabamba y el resurgimiento del narco-militarismo como arma política
Por Claudia García – Periodista de Investigación
Lima – Perú, abril 29 de 2026
El fantasma del terrorismo de Estado y las ejecuciones extrajudiciales ha vuelto a ensombrecer al Perú. En el álgido contexto de la segunda vuelta de las elecciones generales, una maquinaria de persecución política y «psicosociales» parece haberse reactivado. Operaciones manchadas de sangre, justificadas bajo la supuesta fachada de la pacificación nacional, amenazan la vida de civiles inocentes para alimentar la narrativa política de Fuerza Popular y su repudiada lideresa, Keiko Fujimori. La reciente masacre en Huancavelica no es un error táctico; los indicios apuntan a que es un crimen calculado que apunta a quedar en la impunidad.
Sobreviviente a operativo antidrogas: «Nos obligaron a declarar bajo amenazas»
La madrugada del sábado 25 de abril, en el sector de Pongos, distrito de Colcabamba (Tayacaja, Huancavelica), cinco jóvenes que regresaban de participar en la Copa Perú fueron acribillados sin piedad, mientras que otros dos resultaron gravemente heridos. Aunque la versión oficial de las fuerzas militares y policiales intentó vender la narrativa de un supuesto «enfrentamiento» en el VRAEM, la realidad de los hechos resulta espeluznante.
Ricardo Acuña, uno de los sobrevivientes de la matanza, ha roto el silencio. En un testimonio desgarrador, relató cómo los uniformados lo sometieron a torturas psicológicas y lo amenazaron de muerte con sus armas de reglamento para obligarlo a autoinculparse. El objetivo era forzarlo a firmar un acta en la que «confesaba» transportar sustancias ilícitas, buscando así encubrir y justificar el asesinato a sangre fría de sus compañeros. A pesar de la absoluta inocencia de los civiles y su nula vinculación con actividades delictivas, la presión estatal intentó fabricar un expediente criminal donde solo había deportistas; un oscuro modus operandi que remite directamente a las prácticas represivas sistemáticas de la década de los ochenta.
Por su parte, los familiares de las víctimas han denunciado un detalle aún más macabro. Tras la balacera, al percatarse de la magnitud de su crimen, los militares exclamaron: «No hay nada, no hay nada», en clara referencia a la ausencia de drogas y armas en el vehículo. La solución inmediata de la patrulla para justificar la masacre fue fabricar culpables al grito de «hay que sembrarles». La orden dictaba colocar estupefacientes, armamento y trapos rojos junto a los cadáveres, un montaje criminal que solo fue frustrado por la llegada sorpresiva de una caravana de testigos a la escena. Se trató, en suma, de un intento de falso positivo de manual, diseñado a la medida para alimentar el discurso psicosocial de la «lucha contra el terrorismo» que capitaliza políticamente la organización fujimontesinista Fuerza Popular.
Una emboscada irregular: «Fueron a asaltar y a matar»
Las autoridades locales y expertos en seguridad han desmontado rápidamente la versión de las muy cuestionadas fuerzas del orden. Rogelio Tovar, alcalde de Pucacolpa (Huanta), fue tajante: «El ejército no ha ido a un operativo de control territorial, han ido a matar y asaltar a ‘cargachitos’ […]. Pensaron que ellos eran y de frente les metieron bala».
El investigador en subversión, narcotráfico y crimen organizado, Jaime Antezana, califica el hecho en su informe «La masacre en Colcabamba, Vraem: El narco-militarismo fujimontesinista» como una operación flagrantemente ilegal. El capitán y los siete soldados implicados no solo vestían de civil —encapuchados con pasamontañas, gorras verdes, polos negros y botas de jebe—, sino que actuaron al margen de la ley. Sin la presencia obligatoria de la Policía Antidrogas y un fiscal del Ministerio Público, los militares carecen de facultades constitucionales para realizar interdicciones por cuenta propia. Fue, en palabras de Antezana, la letal incursión de una «patrulla narco-militar».
El cerco legal y político
El encubrimiento institucional ha comenzado a resquebrajarse. Según Infobae, el Congreso de la República ya recibió una moción de orden del día impulsada por el legislador Wilson Soto Palacios (Acción Popular) para citar de urgencia al nuevo ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno. El documento exige explicaciones inmediatas y la determinación de responsabilidades políticas y penales por la masacre.
En paralelo, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja ha abierto una investigación preliminar contra ocho militares y tres civiles por el presunto delito de homicidio calificado.
Los generales bajo la lupa: El engranaje del poder y la impunidad
Esta maquinaria de impunidad y «terruqueo» no opera sola; requiere altos mandos militares y policiales dispuestos a ejecutarla. Fuentes de inteligencia civil han puesto bajo el reflector a dos generales clave en esta trama:
- General de División Víctor Huertas Ponce (Comandante General del Frente VRAEM): Investigaciones apuntan a que habría recibido prebendas directamente del candidato vicepresidencial de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres Morales. Estas incluirían la facilitación de propiedades exclusivas en el sur de Lima y en La Molina, sumas de dinero no declaradas, e injerencia política para garantizar sus ascensos y colocación estratégica.
- General Óscar Arriola Delgado (Comandante General de la PNP): Sindicado como cómplice de las extorsiones y sicariatos, también es señalado en tres informes de inteligencia como el principal artífice de la doctrina del «terruqueo» y la persecución política contra la disidencia. A este prontuario criminal se suma el nepotismo: en enero pasado, el diario El Peruano publicó una resolución de adjudicación a favor de una empresa vinculada a su entorno familiar, un caso de presunta incompatibilidad que la Contraloría General ya recomendó investigar por los negociados reiterados valiéndose de su estrecha amistad con Keiko Fujimori y otros cuestionados políticos neoliberales.
La sombra de un pasado que se resiste a morir
Lo ocurrido en Colcabamba no es un hecho aislado; es el eco de una época oscura. Las Fuerzas Armadas, bajo el amparo de directrices políticas, parecen reeditar los peores pasajes del régimen de Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos. La fabricación de expedientes, el secuestro y asesinato de civiles inocentes, y la posterior incineración y ocultamiento de pruebas nos remiten inevitablemente a la masacre de los estudiantes y el catedrático de la Universidad La Cantuta, o al brutal asesinato de familias enteras, incluido un niño, en Barrios Altos.
Hoy, en plena disputa electoral, la vida de los peruanos en el VRAEM vuelve a ser utilizada como moneda de cambio para infundir miedo y sostener ambiciones de poder de la organización criminal Fuerza Popular. La verdad sobre Colcabamba no solo debe traer justicia para siete familias destrozadas, sino desenmascarar el narco-militarismo que pretende secuestrar nuevamente la muy venida a menos democracia liberal peruana.
