La maquinaria fujimontesinista y sus aliados frente a la voluntad popular
Por Alex A. Chamán Portugal Ph.D.
El escandaloso fraude electoral peruano del año 2000 fue el resultado del repudiado accionar y la cooptación institucional orquestada por el binomio mafioso Fujimori-Montesinos para imponer un tercer mandato inconstitucional para profundizar las nefastas políticas neoliberales A través del siniestro Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el régimen no solo subordinó a los organismos electorales mediante la falsificación masiva de firmas y la alteración de resultados, sino que ejecutó una gigantesca campaña de manipulación mediática. La millonaria compra de líneas editoriales y el uso dirigido de la prensa sensacionalista asfixiaron la deliberación pública, forzando un escenario donde el oficialismo criminal compitió en solitario en una contienda desprovista de toda legitimidad democrática.
Frente a la clausura de los canales institucionales y el férreo cerco informativo, la respuesta histórica se materializó en la Marcha de los Cuatro Suyos, una movilización sin precedentes que aglutinó a trabajadores, estudiantes y comunidades indígenas de todas las regiones del país. A pesar del terrorismo de Estado expresado en el violento sabotaje del aparato estatal, que incluyó la infiltración de agentes y mortales operaciones de falsa bandera para criminalizar la protesta, esta convergencia social en las calles logró fracturar la gansteril hegemonía del régimen genocida; la resistencia popular destruyó el espejismo de invulnerabilidad de la dictadura, acelerando el colapso definitivo que se consumaría poco después con la exposición de la corrupción sistémica.
En el contexto actual, se denuncia que la estructura fujimontesinista reedita estas prácticas antidemocráticas a través de un escandaloso fraude sistemático. Se impone una narrativa que presenta como derrotados a los legítimos vencedores, mientras habilita para la segunda vuelta a candidaturas que han generado un amplio rechazo a nivel nacional. Desde el 2021 —tras las campañas de estigmatización política («terruqueo»), la obstrucción a la gestión del presidente Pedro Castillo y la consumación de su destitución— se ha gestado un proceso de espaldas a la voluntad popular, diseñado para imponer a los representantes de este pacto político: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Este proceso electoral, plagado de múltiples irregularidades, se encuentra en fase de consumación.
La ausencia de casi cinco millones de ciudadanas y ciudadanos en las urnas, sumada a los altos índices de votos blancos y viciados, evidencia una profunda crisis de representatividad y un rechazo categórico a estos comicios, despojándolos de legitimidad a la democracia de la lumpen burguesía y las organizaciones políticas criminales. Esta cifra de abstención sería aún mayor de no existir el voto obligatorio, reflejando así el resquebrajamiento de la democracia liberal en el Perú. Denunciamos que esta grosera manipulación estructural ha sido orquestada en complicidad con la explotadora Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), las redes de corrupción judicial conocidas como los Cuellos Blancos, diversas organizaciones políticas criminales y la injerencia de la siniestra Embajada de los Estados Unidos.
A nivel logístico, las irregularidades son flagrantes. La ONPE adjudicó el traslado del material electoral a nivel nacional a la ineficiente empresa GALAGO, a pesar de que esta entidad cuenta con un historial de denuncias y sanciones por incumplimiento, y registraba apenas 13 trabajadores hasta febrero de 2026. La alarmante falta de distribución de actas y materiales electorales levanta la sospecha de que, desde la propia sede de esta empresa, se premeditó la manipulación del sufragio para asegurar a toda costa la victoria de Keiko Fujimori, lideresa de una organización criminal, y del estafador Rafael López Aliaga. Simultáneamente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en un aparente intento de eludir responsabilidades, convocó a elecciones complementarias en 15 colegios de Lima, exonerando de multas a los ausentes en una medida que busca lavar la imagen del proceso. A esto se suman las múltiples denuncias de irregularidades reportadas tanto a nivel internacional (en países como Chile, España, Italia, Argentina y muchos otros) como, principalmente, en diversas regiones y zonas populares del Perú.
A esto se suman las graves denuncias de suplantación de firmas en diversas regiones del país y el hallazgo de cédulas previamente marcadas a favor del fujimorismo. Valiéndose de artimañas irregulares, esta red pandillera ha logrado capturar el caduco aparato estatal y sus decrepitas instituciones para garantizar el avance de sus representantes. La cooptación del JNE y la ONPE para consumar este fraude se sostiene sobre una férrea alianza con los medios masivos de manipulación o prensa mercenaria —encabezados por monopolios informativos como el Grupo El Comercio— y empresas de opinión pública como la embaucadora Datum, cuyo rol histórico ha sido prefabricar consensos y legitimar victorias cuestionadas. Este entramado se complementa con un podrido Poder Judicial influenciado por los Cuellos Blancos, encargado de dar ropaje legal al fraude, y unas genocidas Fuerzas Armadas y Policiales instrumentalizadas para sofocar la justa lucha popular mediante la represión, recordando las trágicas masacres de 2022 y 2023.
Tanto a nivel nacional como internacional, se ha evidenciado una serie de graves anomalías en la instalación de mesas de sufragio y en el propio acto de votación, mecanismos que impidieron la participación de cientos de miles de electores en estas elecciones generales demoliberales.
¡Abajo el fraude electoral de la lumpenburguesía y las mafias políticas neoliberales!
¡Respeto a la voluntad popular y a la democracia representativa!
¡Viva la masiva organización ciudadana contra el fraude electoral!
Latinoamérica, lunes 13 de abril de 2026
