Rosa Vargas Quispe
El Alto – Bolivia, lunes 11 de mayo de 2026
Fundada al calor de la lucha y la sangre del pueblo alteño el 1 de mayo de 2000, la Universidad Pública de El Alto (UPEA) representó en su momento el faro de la educación superior más combativa, democrática y nacional del país. Hoy, 26 años después de su heroica creación, esa misma institución le ha dado la espalda al pueblo boliviano en un momento crítico de justas movilizaciones sociales, huelgas de hambre, tomas de instituciones, bloqueos de carreteras, etc. En un acto de indignante traición, las gansteriles y mediocres autoridades (docentes y estudiantes) universitarias han decidido arrodillarse, condecorando con su máxima distinción académica a un régimen antipatriota y antipopular que empobrece a las mayorías populares.
Mediante la Resolución N° 075/2026 del muy cuestionado Honorable Consejo Universitario, la UPEA otorgó el título de Doctor Honoris Causa al presidente Rodrigo Paz Pereira. En una ceremonia cargada de cinismo, el mafioso rector Carlos Condori procedió a imponerle al mandatario la vestidura negra de gala, la toga, el birrete y la medalla. De acuerdo con la normativa universitaria, este galardón exige compatibilidad ética y moral con los principios defendidos por la UPEA y demanda aportes relevantes en favor de la justicia social y la soberanía. Sin embargo, la distinción fue entregada a un gobierno neoliberal, proimperialista y prosionista que, en menos de seis meses, ha desatado una brutal ofensiva contra la nación, disparando la crisis económica, la deuda externa, las narco maletas, la gasolina basura, la pobreza extrema y criminalizando salvajemente la protesta social.
¿Cuál es el verdadero motivo detrás de esta abyecta sumisión al gobierno vendepatria? La respuesta radica en la completa debacle y descomposición de la actual administración universitaria. La entrega de este Doctorado Honoris Causa no es un reconocimiento al mérito, sino una vil moneda de cambio, ya que las nefastas autoridades universitarias buscan desesperadamente la impunidad en la justicia ordinaria y garantizar jugosos desembolsos económicos del Gobierno central para seguir financiando sus irregularidades. Necesitan el encubrimiento del repudiado gobierno de turno para tapar una red criminal de corrupción generalizada, enriquecimiento ilícito y espantosos negociados en la emisión de títulos de pregrado, diplomados, títulos de maestría, doctorado y posdoctorado.
Las actuales despreciadas autoridades de la UPEA —incluyendo al Rector, Vicerrector, Secretario General, Dirección Administrativa Financiera (DAF), Dirección de Recursos Humanos, Secretaría Académica, Decanos, Directores de Carrera, Directores de Institutos de Investigación, la Federación Universitaria Local, los Centros de Estudiantes, etc.— son las directas responsables de esta vergonzosa catástrofe institucional. Han vulnerado repetitivamente el Estatuto Orgánico, pisoteando la autonomía y el histórico co-gobierno paritario docente-estudiantil, la democracia universitaria, etc., actuando como verdaderos mafiosos, han corrompido a la universidad, convirtiéndola en un botín político y económico al servicio del mejor postor.
La generalizada crisis interna es insostenible. Las roscas y camarillas de autoridades, docentes y dirigentes han prebendalizado y amañado con antelación todos los procesos electorales para elegir autoridades a quienes les cobraran la factura de múltiples maneras. Como consecuencia, se ha precarizado la calidad académica, la investigación científica y la extensión universitaria. Hoy impera el facilismo a través de las aprobaciones de materias y gran parte de las graduaciones están manchadas por el tráfico de influencias. Es de conocimiento público el vergonzoso mercado negro donde se venden cátedras o se exigen comisiones y «otros favores» oscuros a cambio de ellas. Además, existen descarados negociados en la asignación de becas comedor y becas trabajo.
Para sostener esta corrupción institucionalizada, el autoritarismo impuesto por estas mafias es atroz, tomando decisiones de manera unilateral, arbitraria y antidemocrática. Han logrado condicionar y someter a las bases de docentes, estudiantes y trabajadores administrativos, asfixiando su espíritu de lucha por la defensa y la transparencia de la universidad.
Este proceder escandaloso de quienes tienen secuestrada la universidad es un ultraje directo al propio Estatuto Orgánico de la UPEA, el cual establece una concepción universitaria vinculada a las luchas sociales y al compromiso con los sectores populares, indígenas y trabajadores. El documento vulnerado permanentemente por quienes arruinan la universidad alteña consagra a la institución bajo un principio democrático, popular, antirracista y antiimperialista.
Al someterse a los verdugos del pueblo boliviano, la UPEA ha defraudado enormemente al pueblo alteño, paceño y boliviano que cifró sus esperanzas en sus aulas. Es un imperativo histórico que las bases universitarias se rebelen y rompan las cadenas del sometimiento, así como, recuperen su casa de estudios de las garras de estas autoridades y dirigencia mafiosa, devolviéndole a El Alto la trinchera académica y combativa que se ganó en las calles.
